Apagar Internet no funciona, pero los gobiernos siguen haciéndolo de todos modos

A medida que Internet sigue ganando poder en todo el mundo, muchos gobiernos han tomado medidas para regularlo. Y cuando la regulación falla, algunos estados recurren a los apagones de Internet o a interrupciones deliberadas.

Las estadísticas son asombrosas. Sólo en la India, hubo 154 apagones de Internet entre enero de 2016 y mayo de 2018. Este es el país que más apagones de internet ha tenido en el mundo.

Pero pagones similares se están volviendo comunes en el continente africano. Ya en 2019 se han producido apagones en Camerún, la República Democrática del Congo, la República del Congo, Chad, Sudán y Zimbabwe. El año pasado hubo 21 apagones de este tipo en el continente. Este fue el caso de Togo, Sierra Leona, Sudán y Etiopía, entre otros.

Las justificaciones de estos apagones suelen ser relativamente predecibles. Los gobiernos a menudo afirman que el acceso a Internet está bloqueado en interés de la seguridad y el orden público. En algunos casos, sin embargo, su razonamiento roza lo curioso, si no totalmente lo absurdo, como en el caso de Etiopía en 2017 y Argelia en 2018, cuando se apagó Internet aparentemente para frenar las trampas en los exámenes nacionales.

Cualesquiera que sean sus razones, los gobiernos tienen tres enfoques generales para controlar el acceso de los ciudadanos a la red.

Cómo lo hacen
Los apagones o interrupciones de Internet suelen ser de tres tipos. El primero y probablemente el más grave es cuando el Estado bloquea completamente el acceso a Internet en todas las plataformas. Podría decirse que es el más punitivo, con costos sociales, económicos y políticos significativos.

Los costos financieros pueden ascender a millones de dólares por cada día que se bloquea Internet. Un informe de Deloitte sobre el tema estima que un país con conectividad media podría perder al menos el 1,9 por ciento de su PIB diario por cada día que todos los servicios de Internet se bloquean.

Para los países con conectividad de nivel medio, la pérdida es del 1 por ciento del PIB diario, y para los países con conectividad media a baja es del 0,4 por ciento. Se calcula que Etiopía, por ejemplo, podría perder hasta US$500.000 al día cuando se produce un apagón. Estos apagones, por lo tanto, perjudican a las empresas, desalientan las inversiones y obstaculizan el crecimiento económico.

La segunda forma en que los gobiernos restringen el acceso a Internet es mediante la aplicación de técnicas de bloqueo de contenidos. Restringen el acceso a determinados sitios o aplicaciones. Esta es la estrategia más común y suele estar dirigida a las plataformas de medios sociales. La idea es detener o limitar las conversaciones en estas plataformas.

Los espacios en línea se han convertido en la plataforma de diversas formas de expresión política que muchos estados, especialmente aquellos con inclinaciones autoritarias, consideran subversivas. Los gobiernos argumentan, por ejemplo, que las plataformas de medios sociales fomentan la difusión de rumores que pueden desencadenar disturbios públicos.

Este fue el caso en 2016 en Uganda durante las elecciones presidenciales del país. El gobierno restringió el acceso a los medios de comunicación social, describiendo el cierre como una "medida de seguridad para evitar mentiras... destinada a incitar a la violencia y a la declaración ilegal de los resultados de las elecciones".

En Zimbabwe, el gobierno bloqueó los medios de comunicación social tras las manifestaciones por el aumento de los precios del combustible. Sostuvo que la prohibición de enero de 2019 se debió a que las plataformas estaban siendo "utilizadas para coordinar la violencia".

La tercera estrategia, hecha casi a escondidas, es el uso de lo que generalmente se conoce como "bandwidth throttling". En este caso, los operadores de telecomunicaciones o los proveedores de servicios de Internet se ven obligados a reducir la calidad de sus señales celulares o la velocidad de Internet. Esto hace que Internet sea demasiado lento de usar. El "Throttling" también puede dirigirse a determinados destinos en línea, como los sitios de medios sociales.

Qué impulsa a los gobiernos
En la mayoría de los casos, el deseo de controlar Internet tiene sus raíces en la determinación de los gobiernos de controlar la narrativa política. Muchos ven a Internet como una amenaza existencial que debe ser contenida, sin importar las consecuencias que pueda tener en otros sectores.

Internet se considera una amenaza porque interrumpe las formas más antiguas de control político del gobierno, en particular el control de la información. El dominio sobre la producción y difusión de información siempre ha sido una herramienta política inestimable para muchos gobiernos africanos.

La pérdida de este control, en un momento en que los medios de comunicación han acercado la política al pueblo, presenta a los gobiernos una realidad claramente inquietante. Los medios sociales, por ejemplo, fomentan intrínsecamente la indisciplina política y engendran la producción y circulación de narrativas políticas alternativas.

Además, al ser una plataforma en red, los usuarios son simultánea e instantáneamente locales e internacionales y participan en un carnaval de información que es difícil de vigilar. Muy a menudo, las narraciones que contienen están en desacuerdo con las ideologías autoconservadoras y cuidadosamente construidas del Estado.

La tendencia al bloqueo
La ironía, sin embargo, es que a medida que estos bloqueos continúan, e incluso proliferan, hay poca evidencia de que realmente funcionen. Este ha sido el caso de Burkina Faso y Uganda, por ejemplo, donde tales prohibiciones simplemente han aumentado el perfil de las causas que se agitan.

Los apagones de Internet no detienen las manifestaciones. Tampoco dificultan la producción y circulación de rumores, sino que los fomentan. Muchas personas también están eludiendo los bloqueos mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN). Se trata de redes que redirigen la actividad de Internet a un ordenador situado en un lugar geográfico diferente, permitiendo así el acceso a sitios bloqueados en el propio país. El VPNS está ahora a la altura de la situación en países como Zimbabue.

El futuro del acceso ilimitado a Internet en África parece precario si los gobiernos continúan en esta trayectoria. La ausencia en muchos países africanos de garantías constitucionales ejecutables que protejan el derecho del público a la información significa que hay pocas oportunidades de reparación legal. Esto hace que el desarrollo de regímenes legislativos que reconozcan y protejan el acceso a Internet sea urgente y necesario.